Artículo 2. De las autoridades investidas por mandato constitucional
Todas las autoridades, incluyendo aquellas que pertenecen a la jurisdicción especial, y responsables sectoriales contemplados en la Ley, independientemente de su ámbito funcional, identidad étnica y cultural, o modalidad de acceso al cargo, tienen la responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y quienes integran el grupo familiar en el marco de sus competencias, en estricto cumplimiento del artículo 1 de la Constitución Política del Perú que señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.
Comentario
El artículo establece que todas las autoridades públicas, sin excepción de jurisdicción o ámbito sectorial, tienen el deber constitucional de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar dentro de sus respectivas competencias. Esta disposición transversaliza la responsabilidad estatal en la materia, anclándola en el principio fundamental de dignidad humana.
Temas: responsabilidad estatal transversal, prevención, sanción y erradicación de violencia, competencias funcionales en materia de género, violencia contra mujeres y grupo familiar, dignidad humana como fin supremo, autoridades públicas y mandato constitucional