Artículo 23. Consecuencias accesorias

1. Si cualquiera de los delitos previstos en la presente Ley han sido cometidos en ejercicio de la actividad de una persona jurídica o valiéndose de su estructura organizativa para favorecerlo, facilitarlo o encubrirlo, el Juez debe imponer, atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos, la relevancia de la intervención de la persona jurídica en el delito y las características particulares de la organización criminal, cualquiera de las siguientes consecuencias accesorias de forma alternativa o conjunta:

a) Multa por un monto no menor del doble ni mayor del triple del valor de la transacción real que se procura obtener como beneficio económico por la comisión del delito respectivo.

b) Clausura definitiva de locales o establecimientos.

c) Suspensión de actividades por un plazo no mayor a cinco años.

d) Prohibición de llevar a cabo actividades de la misma clase o naturaleza de aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.

e) Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales.

f) Disolución de la persona jurídica.

2. Simultáneamente a la medida impuesta, el Juez ordena a la autoridad competente que disponga, de ser el caso, la intervención de la persona jurídica para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores, hasta por un período de dos años.

3. Para la aplicación de las medidas previstas en el inciso 1 del presente artículo, el Juez tiene en consideración los criterios establecidos en el artículo 105-A del Código Penal.

Comentario

El artículo 23 establece consecuencias accesorias que el juez debe imponer a personas jurídicas cuando sus delitos tipificados en la Ley contra el Crimen Organizado se cometen en ejercicio de su actividad o valiéndose de su estructura. Estas consecuencias —de naturaleza alternativa o acumulativa— comprenden desde multas calificadas hasta la disolución de la entidad, y pueden acompañarse de intervención judicial para proteger derechos de trabajadores y acreedores.

Temas: responsabilidad penal de personas jurídicas, consecuencias accesorias en crimen organizado, medidas de desarticulación organizacional, intervención de entidades delictivas, proporcionalidad en sanciones corporativas, protección de derechos laborales y acreeditorios