Artículo 10. Autonomía del delito y prueba indiciaria
El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena
El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente Decreto Legislativo, corresponde a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los delitos aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal. El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso.
También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos, quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias.
Comentario
El artículo establece que el lavado de activos constituye un delito autónomo e independiente de la comisión del delito originario, sin necesidad de prueba previa de éste. Autoriza la investigación y sanción del lavado con base en indicios del origen ilícito de los bienes, y extiende la responsabilidad tanto a terceros como a los propios autores del delito fuente.
Temas: autonomía del delito de lavado de activos, delitos fuente o predecesores, prueba indiciaria de origen ilícito, imputación subjetiva por presunción, responsabilidad de participantes posteriores, minería ilegal y crimen organizado