Artículo 6. Medidas administrativas complementarias
El juez, a requerimiento del Ministerio Público, puede ordenar a la autoridad competente que disponga la intervención de la persona jurídica que resulte responsable de la comisión de los delitos previstos en el artículo 1, cuando sea necesario, para salvaguardar los derechos de los trabajadores y de los acreedores hasta por un período de dos años.
La intervención puede afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. El juez debe fijar exactamente el contenido y alcances de la intervención y determinar la entidad a cargo de la intervención y los plazos en que esta debe cursarle informes a fin de efectuar el seguimiento de la medida.
La intervención se puede modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y disposición del Ministerio Público. El interventor está facultado para acceder a todas las instalaciones y locales de la entidad y recabar la información que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones, debiendo guardar estricta confidencialidad respecto de la información secreta o reservada de la persona jurídica, bajo responsabilidad.
Comentario
Norma que autoriza al juez, a solicitud del Ministerio Público, a ordenar la intervención administrativa de una persona jurídica responsable de cohecho activo transnacional. La intervención busca proteger derechos de trabajadores y acreedores, puede ser total o parcial, y tiene duración máxima de dos años.
Temas: medidas cautelares administrativas, intervención de empresas, responsabilidad de personas jurídicas, protección de acreedores y trabajadores, cohecho transnacional, control judicial de sanciones administrativas