Reglamento del Congreso de la República

Artículo 139. Citación a las partes y audiencia

Vencido el plazo para la recepción de los descargos, se cita a audiencia dentro de los diez días hábiles siguientes.

La comisión de ética parlamentaria realiza la investigación respetando, además de los principios estipulados en el presente reglamento, los principios procesales de concentración, debido proceso, economía procesal e inmediación. Para tal efecto, actúa, en lo posible, en una misma audiencia todas las diligencias que sean menester realizar para el esclarecimiento de los hechos, así como interrogar al parlamentario imputado, al denunciante y a los testigos propuestos. La comisión está facultada para solicitar los informes que considere pertinentes para tener una mejor apreciación de los hechos investigados.

En la audiencia participan únicamente las partes en la investigación, además de los testigos u otros actores que sean requeridos por la comisión durante la investigación. Esta disposición deja a salvo el derecho de los parlamentarios, dispuesto en el literal a) del artículo 26, el cual se ejerce antes y después de la audiencia.

La audiencia puede suspenderse las veces que el presidente, con acuerdo de los demás miembros, lo considere necesario, siempre que se observen los plazos previstos en el presente reglamento. Si la audiencia es suspendida, debe reabrirse a más tardar en la segunda sesión posterior a la fecha en que ocurrió la suspensión.

Comentario

El artículo 139 regula el procedimiento de citación a audiencia y su realización ante la Comisión de Ética Parlamentaria, una vez vencido el plazo para presentar descargos. Establece que la audiencia debe convocarse dentro de diez días hábiles y se realiza concentrando todas las diligencias necesarias en una misma sesión, respetando principios procesales de debido proceso, economía procesal e inmediación.

Temas: procedimiento disciplinario parlamentario, debido proceso, inmediación y concentración procesal, economía procesal, comisiones de investigación, garantías procedimentales en ética pública