Reglamento de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos

Cuarta. Regulación sectorial de la gestión del agua para uso agrario

El Ministerio de Agricultura diseña, formula y aprueba políticas y normas para el desarrollo y sostenibilidad de los servicios de distribución de agua para uso agrario, así como para la operación y mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje.

La Dirección General de Infraestructura Hidráulica del Ministerio de Agricultura, es responsable de brindar asistencia técnica a las organizaciones de usuarios de agua agrarias y de emitir directivas y lineamientos, para la supervisión y evaluación del cumplimiento de las normas y políticas que emite el Ministerio de Agricultura.

Los gobiernos regionales, a través de sus Direcciones o Gerencias Regionales Agrarias, supervisan la distribución de agua de riego, de conformidad con la normatividad que sobre el particular emita el Ministerio de Agricultura. Para tal efecto perciben hasta el 5% (cinco por ciento) de lo recaudado por concepto de “Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica Menor”.

Las juntas de usuarios son fiscalizadas por la Autoridad Nacional del Agua, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Control, respecto de:

a. La recaudación y transferencia de la retribución económica por el uso del agua.

b. El cumplimiento del Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica.

Comentario

Establece la competencia del Ministerio de Agricultura en el diseño y aprobación de políticas para la gestión de agua agraria, la asistencia técnica de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica, el rol supervisor de los gobiernos regionales con percepción de hasta el 5% de recaudos, y la fiscalización de juntas de usuarios por la Autoridad Nacional del Agua respecto de retribuciones económicas y cumplimiento de operatividad.

Temas: gobernanza hídrica agraria, distribución de competencias sectoriales, participación de gobiernos regionales en ingresos, fiscalización de juntas de usuarios, servicios de riego y drenaje, retribución económica por uso de agua