Artículo 99. Procedimiento a solicitud de parte
Procedimiento a solicitud de parte.
99.1 En caso de que el procedimiento se inicie a solicitud de parte, la denuncia debe contener lo siguiente:
a) Nombres y apellidos completos, denominación social o razón social, documento nacional de identidad, carné de extranjería o cualquier documento análogo del denunciante, domicilio procesal, y de ser el caso los datos de identificación de quien ejerza la representación de éste. En caso de no consignarse domicilio o ser éste inexacto, inexistente o en el que la notificación no sea posible, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 100 del presente Decreto Legislativo.
b) Registro Único de Contribuyentes, en el caso que corresponda.
c) El pedido concreto y los fundamentos de hecho y, de ser posible, de derecho que sustenten la denuncia.
d) Firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
e) Los poderes deben constar en instrumento público o privado y deben cumplir, en lo que corresponda, con las siguientes formalidades:
e.1. En el caso de personas naturales, la firma deberá ser legalizada por notario.
e.2. En el caso de personas jurídicas, el documento deberá contener la representación con que actúa el poderdante y su firma deberá estar autenticada por Notario.
e.3. En los casos de poderes otorgados por personas no domiciliadas, éstos deberán además ser legalizados por funcionario consular peruano.
e.4. Con la presentación del poder por quien representa a una persona, quedará acreditada la existencia de ésta y su representación.
En ningún caso, el poder debe ser exigido en la medida que el mismo pueda ser obtenido directamente por el órgano competente, conforme a ley
f) Los medios probatorios destinados a acreditar la comisión de la infracción.
g) Identificación del presunto infractor y del lugar donde deberá notificársele. En caso de no conocerse la identidad del presunto infractor deberá solicitarse la visita inspectiva correspondiente en el lugar o en los lugares donde se presume se cometen los actos de infracción, cumpliendo con los requisitos establecidos para tal efecto, lo cual no exime al denunciante de la responsabilidad de identificar al presunto infractor, en el caso de que su identidad no haya sido obtenida en la visita inspectiva. De no tener conocimiento del lugar donde se deberá notificar al presunto infractor, se deberá proceder conforme a lo establecido en el artículo 100 del presente Decreto Legislativo.
h) Identificación del certificado de registro que ampare el derecho del accionante. En el caso de acciones sustentadas en un nombre comercial, registrado o no, debe presentar los documentos que acrediten el uso actual, real y efectivo del mismo, con anterioridad al momento de interposición de la denuncia. En caso de acciones sustentadas en signos distintivos notoriamente conocidos deberá acreditarse tal condición.
i) Pago de la tasa por los derechos de interposición de denuncia, por cada denunciado, según lo establecido en el TUPA.
j) Copia del escrito y sus recaudos, según la cantidad de notificaciones a realizarse. En caso de presentarse pruebas que consistan en muestras físicas, deberán adjuntarse ejemplares adicionales o, en su defecto, una representación de la misma.
99.2 Si se solicitan medidas cautelares, y éstas deben ejecutarse en el local del presunto infractor y/o en el que se presume se comete la infracción por éste, deberá solicitarse la visita inspectiva correspondiente, previo pago de la tasa establecida. Para tal efecto, se otorga un plazo de dos (02) días hábiles, bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud cautelar que requiera de la ejecución antes señalada.
99.3 Para el procedimiento de solicitud de visita inspectiva, el plazo máximo establecido es de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud o subsanación de omisiones, de ser el caso, hasta la fecha de emisión de la resolución que ordena la inspección.
Comentario
El artículo 99 establece los requisitos y procedimiento para que una persona natural o jurídica inicie una acción por infracción de derechos de propiedad industrial ante la autoridad competente. Regula el contenido obligatorio de la denuncia, la documentación probatoria, los poderes notariales y los plazos para solicitar medidas cautelares e inspecciones.
Temas: legitimidad activa en procedimientos administrativos, requisitos formales de denuncias, acreditación de derechos de propiedad industrial, poderes notariales, medidas cautelares, visita inspectiva