Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo
Artículo 26
El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, puede formular a las autoridades, funcionarios y servidores de la administración pública advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades, funcionarios y servidores están obligados a responder por escrito en el plazo improrrogable de 30 días. Si, como consecuencia de las recomendaciones, no se adoptase una medida adecuada o la entidad administrativa no informase al Defensor del Pueblo sobre las razones para no adoptarla, este último podrá poner los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas en conocimiento del Ministro del Sector o de la máxima autoridad de la respectiva institución y, cuando corresponda, de la Contraloría General de la República.
Comentario
El artículo regula las facultades del Defensor del Pueblo para formular advertencias, recomendaciones, recordatorios y sugerencias a autoridades y servidores públicos durante sus investigaciones. Establece la obligación de respuesta escrita en 30 días y un mecanismo de escalamiento cuando no se adopten medidas adecuadas.
Temas: potestad fiscalizadora de la defensoría, recomendaciones administrativas, obligación de respuesta de entidades públicas, plazo improrrogable, escalamiento administrativo, mecanismo de control difuso