Ley General del Ambiente

Artículo 50. De los deberes del Estado en materia de participación ciudadana

Las entidades públicas tienen las siguientes obligaciones en materia de participación ciudadana:

a. Promover el acceso oportuno a la información relacionada con las materias objeto de la participación ciudadana.

b. Capacitar, facilitar asesoramiento y promover la activa participación de las entidades dedicadas a la defensa y protección del ambiente y la población organizada, en la gestión ambiental.

c. Establecer mecanismos de participación ciudadana para cada proceso de involucramiento de las personas naturales y jurídicas en la gestión ambiental.

d. Eliminar las exigencias y requisitos de forma que obstaculicen, limiten o impidan la eficaz participación de las personas naturales o jurídicas en la gestión ambiental.

e. Velar por que cualquier persona natural o jurídica, sin discriminación de ninguna índole, pueda acceder a los mecanismos de participación ciudadana.

f. Rendir cuenta acerca de los mecanismos, procesos y solicitudes de participación ciudadana, en las materias a su cargo.

Comentario

El artículo establece las obligaciones de las entidades públicas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la participación ciudadana en materia ambiental. Impone al Estado el deber de facilitar el acceso a información, capacitación, mecanismos de participación, eliminación de obstáculos formales y rendición de cuentas, asegurando igualdad de acceso sin discriminación.

Temas: participación ciudadana ambiental, acceso a información ambiental, deberes estatales en gestión ambiental, mecanismos de participación, gobernanza ambiental democrática, no discriminación en procedimientos ambientales