Ley General del Ambiente

Artículo 23. Del ordenamiento urbano y rural

23.1 Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y atribuciones, promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural, en concordancia con la Política Nacional Ambiental y con las normas urbanísticas nacionales, considerando el crecimiento planificado de las ciudades, así como los diversos usos del espacio de jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente, los que son evaluados bajo criterios socioeconómicos y ambientales.

23.2 Los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos incompatibles, por razones ambientales, se desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes dentro de sus jurisdicciones. También deben asegurar la preservación y la ampliación de las áreas verdes urbanas y periurbanas de que dispone la población.

23.3 Las instalaciones destinadas a la fabricación, procesamiento o almacenamiento de sustancias químicas peligrosas o explosivas deben ubicarse en zonas industriales, conforme a los criterios de la zonificación aprobada por los gobiernos locales.

Comentario

El artículo 23 asigna a los gobiernos locales la responsabilidad de formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural, alineados con la política ambiental nacional. Impone obligaciones específicas de segregación de usos incompatibles, preservación de áreas verdes y localización controlada de instalaciones de sustancias peligrosas en zonas industriales designadas.

Temas: ordenamiento territorial y ambiental, gobiernos locales y competencias, compatibilidad de usos del suelo, segregación de actividades peligrosas, espacios verdes urbanos, zonificación municipal