Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas
Artículo 23. Medidas cautelares
23.1. Antes de iniciarse el procedimiento sancionador o en cualquier etapa dentro de éste, la Comisión podrá dictar, a solicitud de la Secretaría Técnica o a pedido de quien haya presentado una denuncia de parte o de tercero con interés legítimo que también se haya apersonado al procedimiento, una medida cautelar destinada a asegurar la eficacia de la decisión definitiva, lo cual incluye asegurar el cumplimiento de las medidas correctivas que se pudieran dictar en la resolución final.
23.2. La Comisión podrá adoptar la medida cautelar innovativa o no innovativa, genérica o específica, que considere pertinente, en especial la orden de cesación de actividades, la obligación de contratar, la imposición de condiciones, la suspensión de los efectos de actos jurídicos, la adopción de comportamientos positivos y cualesquiera otras que contribuyan a preservar la competencia afectada y evitar el daño que pudieran causar las conductas a que el procedimiento se refiere.
23.3. Las medidas cautelares deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades del daño que se pretenda evitar.
23.4. Cuando la medida cautelar se otorgue antes de iniciarse un procedimiento sancionador, dicha medida caducará si no se inicia un procedimiento sancionador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de su notificación.
23.5. Tratándose de solicitudes de parte, la Comisión podrá aceptarlas o desestimarlas en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, prorrogables por una sola vez y por el mismo plazo. No son exigibles, a quien presente la solicitud, medidas de aseguramiento civil como contracautela o similares. La Comisión podrá conceder medidas cautelares distintas a las solicitadas, siempre que considere que se ajusten de mejor manera a la intensidad, proporcionalidad y necesidad del daño que se pretende evitar.
23.6. En cualquier momento del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, se podrá acordar la suspensión, modificación o revocación de las medidas cautelares.
23.7. Las resoluciones que imponen medidas cautelares son apelables ante el Tribunal en el plazo de cinco (5) días hábiles. La apelación de medidas cautelares se concederá sin efecto suspensivo, tramitándose en cuaderno separado, y sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 216 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. El Tribunal se pronunciará sobre la apelación en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles.
23.8. El Tribunal tiene las mismas facultades atribuidas a la Comisión para el dictado de medidas cautelares.
Mediante Carta N° 020-2018-GEG-INDECOPI de fecha 06 de marzo de 2018, enviado por la Gerencia General del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, se indica que el numeral 23.7 estaría modificado tácitamente por el artículo 216 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, al modificar los plazos para la presentación de los recursos impugnativos en los procedimientos administrativos a cargo de los organos resolutivos de INDECOPI.
Mediante Oficio N° 3332-2018-PCM-SG de fecha 28 agosto 2018, enviado por el Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros, se adjunta el Informe N° D000983-2018-PCM-OGAJ, en el que se indica que la Gerencia Legal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, ha identificado la modificación tácita del presente artículo por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1272, al modificar entre otros, el numeral 2 del artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27444, disponiendo que los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en dicha ley. En consecuencia, el plazo de 15 días hábiles para la interposición de los recursos de impugnación, establecido en el artículo 216 del TUO de la Ley N° 27444, resulta de aplicación obligatoria para todos los procedimientos a cargo del Estado, incluidos los procedimientos administrativos a cargo del INDECOPI que contienen plazos de impuganción menores a dicho plazo.
Comentario
El artículo 23 regula las medidas cautelares que la Comisión de la autoridad de competencia puede dictar antes o durante el procedimiento sancionador, con el propósito de preservar la eficacia de la decisión final y evitar daños a la competencia. Estas medidas pueden ser innovativas o conservativas, requieren proporcionalidad y necesidad, y son susceptibles de apelación sin efecto suspensivo ante el Tribunal.
Temas: medidas cautelares administrativas, efectividad de procedimientos anticompetencia, proporcionalidad y necesidad en restricciones cautelares, apelación sin efecto suspensivo, preservación de la competencia en fase investigativa, legitimación de denunciantes en procedimiento administrativo