Artículo 31. Fuentes de financiamiento ilegal

Las organizaciones políticas no pueden recibir aportes de ningún tipo provenientes de:

a) Cualquier entidad de derecho público o empresa de propiedad del Estado o con participación de este.

b) Confesiones religiosas de cualquier denominación.

c) Personas naturales o jurídicas extranjeras con fines de lucro, así como personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro, excepto estas últimas cuando los aportes estén exclusivamente destinados a la formación, capacitación e investigación.

d) Personas jurídicas nacionales sin fines de lucro.

e) Personas naturales condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada, o con mandato de prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado. La prohibición se extiende hasta diez (10) años después de cumplida la condena. El Poder Judicial, bajo responsabilidad, debe poner a disposición de las organizaciones políticas, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y de las entidades del sistema financiero, un portal digital oficial que contenga la información de las personas a las que se refiere este literal. Las entidades del sistema financiero no deben admitir los depósitos y transferencias de tales personas a favor de organización política alguna. En caso de que la entidad financiera autorice dicha transferencia o depósito, se exonera de responsabilidad a la organización política que lo recibe. No es de responsabilidad de la organización política la recepción de aportes de personas naturales que no estén identificadas en dicho portal digital oficial.

f) Fuentes anónimas o de cuyo origen se desconozca. Los aportes realizados a través de depósitos bancarios no pueden ser considerados de fuente anónima. Es responsabilidad de la entidad financiera la adecuada identificación del depositante. Las organizaciones políticas no pueden recibir aportes anónimos de ningún tipo salvo lo dispuesto por el artículo 30-C. Los aportes no declarados o que sobrepasen los límites permitidos no se presumen de fuente ilegal; su infracción genera responsabilidad administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36.

Comentario

El artículo 31 de la Ley de Organizaciones Políticas establece un catálogo exhaustivo de fuentes de financiamiento prohibidas para las organizaciones políticas. Prescribe que no pueden recibir aportes de entidades estatales, confesiones religiosas, personas extranjeras (con excepciones limitadas), personas jurídicas nacionales sin fines de lucro, personas condenadas por delitos graves, ni fuentes anónimas. La violación de estas prohibiciones genera responsabilidad administrativa.

Temas: financiamiento político ilegal, fuentes de financiamiento prohibidas, transparencia electoral, independencia de organizaciones políticas, responsabilidad administrativa de partidos, trazabilidad de aportes