Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
Artículo 115. PROCESO DE REHABILITACION O DE LIQUIDACION
La Superintendencia encomendará, mediante contratos, la liquidación de las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros a personas jurídicas debidamente calificadas, correspondiéndole la supervisión y control de dicho proceso. Dicho contrato dejará a salvo la posibilidad de rehabilitación de la empresa, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 124 a 129.
La remuneración por la rehabilitación o liquidación consistirá en un porcentaje de los nuevos aportes o de la recuperación. La Superintendencia establecerá las demás condiciones del proceso, en el contrato respectivo. La rehabilitación podrá consistir, igualmente, en la fusión u otra forma de recuperación empresarial.
En el respectivo contrato se establecerá un plazo de duración compatible con la complejidad previsible del proceso, el que no debe exceder de 2 (dos) años, término prorrogable hasta por uno igual, a juicio del Superintendente, si mediare causa justificada.
La selección se hará mediante concurso público. En caso de que la segunda convocatoria a concurso público quedase desierta, la liquidación será judicial y se regirá en lo pertinente por el Título II de la Sección Tercera de la Ley General de Sociedades. La designación del liquidador la realiza la Corte Suprema y el seguimiento del proceso de liquidación correspondiente es competencia exclusiva del Poder Judicial.
Comentario
El artículo 115 regula el proceso de rehabilitación o liquidación de empresas del sistema financiero y de seguros, encomendando a la Superintendencia la contratación de personas jurídicas calificadas para ejecutar dicho proceso, con supervisión de la autoridad. Establece que la liquidación puede ser administrativa (mediante contrato) o judicial (si fracasan los concursos públicos), preservando la posibilidad de rehabilitación empresarial como alternativa.
Temas: liquidación de empresas financieras y de seguros, rehabilitación empresarial, concurso público de liquidadores, supervisión y control administrativo, competencia judicial en liquidación