Artículo 27

Discrecionalidad y rigor técnico de los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organización encargadas de las contrataciones

27.1. La facultad para actuar discrecionalmente se fundamenta en el rigor técnico empleado por los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organización encargadas de las contrataciones públicas para optar por la mejor decisión debidamente sustentada que permita el cumplimiento oportuno de los fines públicos.

27.2. Dicha decisión debe ser la más conveniente para alcanzar la finalidad pública del contrato, de modo que garantice la contratación de bienes, servicios u obras que maximicen el valor de los recursos públicos. Esta decisión se toma en observancia del principio de valor por dinero, entre otros de la ley y a los criterios establecidos por la cuarta disposición final complementaria de la Ley 29622, Ley que modifica la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

27.3. El control referido en el párrafo anterior se concentra en el cumplimiento de la legalidad que rige a la contratación pública, mas no en las decisiones y rigurosidad técnicas que adoptan los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organización encargadas de las contrataciones públicas en el marco de facultad discrecional con la que cuentan.

Comentario

El artículo regula el ejercicio de la facultad discrecional de los funcionarios y servidores encargados de contrataciones públicas, subordinándola al rigor técnico y a la búsqueda de la mejor decisión que maximice el valor de los recursos públicos. Establece que el control administrativo se concentra en la legalidad del proceso, no en la evaluación técnica de las decisiones adoptadas en el marco de esa discrecionalidad.

Temas: discrecionalidad administrativa, rigor técnico en contrataciones, valor por dinero, control de legalidad, eficiencia del gasto público, justificación de decisiones