Artículo 126. PRUEBAS DE OFICIO
Para mejor resolver el órgano encargado podrá, en cualquier estado del procedimiento, ordenar de oficio las pruebas que juzgue necesarias y solicitar los informes necesarios para el mejor esclarecimiento de la cuestión a resolver.
En el caso de la pericia, su costo estará a cargo de la Administración Tributaria cuando sea ésta quien la solicite a las entidades técnicas para mejor resolver la reclamación presentada. Si la Administración Tributaria en cumplimiento del mandato del Tribunal Fiscal solicita peritajes a otras entidades técnicas o cuando el Tribunal Fiscal disponga la realización de peritajes, el costo de la pericia será asumido en montos iguales por la Administración Tributaria y el apelante.
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior se estará a lo dispuesto en el numeral 176.2 del artículo 176 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que preferentemente el peritaje debe ser solicitado a las Universidades Públicas.
Comentario
El artículo regula la potestad del órgano resolutor de ordenar de oficio, en cualquier momento del procedimiento contencioso-tributario, las pruebas que estime necesarias para mejor resolver la controversia. Establece la distribución del costo de los peritajes según quién los promueva, con remisión a la Ley del Procedimiento Administrativo General para preferencia de universidades públicas.
Temas: prueba de oficio en procedimiento contencioso, facultad inquisitiva del órgano resolutor tributario, distribución de costos de peritaje administrativo, principio de verdad material en tributación, universidades públicas como peritos técnicos