Artículo III. Principios procesales

Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso, economía, inmediación, socialización y el principio de gratuidad en la actuación del demandante salvo que se trate de procesos constitucionales iniciados por personas jurídicas con fines de lucro contra resoluciones judiciales.

El juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de oficio los procesos, salvo en los casos expresamente señalados en el presente código.

Asimismo, el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este código al logro de los fines de los procesos constitucionales.

Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación.

La gratuidad prevista en este artículo no obsta el cumplimiento de la resolución judicial firme que disponga la condena en costas y costos conforme a lo previsto por el presente código.

Comentario

Establece los principios rector de los procesos constitucionales: dirección judicial, economía, inmediación, socialización y gratuidad (con excepciones). Impone al juez y Tribunal Constitucional el deber de impulsar de oficio los procesos y flexibilizar formalidades conforme a los fines constitucionales, con presunción pro continuación y sometimiento a condenas en costas.

Temas: principios procesales constitucionales, dirección judicial, gratuidad procesal, impulso de oficio, flexibilización de formalidades, condena en costas