Artículo 426. Inhabilitación
Los delitos previstos en los capítulos II y III de este título, que no contemplan la pena de inhabilitación, son sancionados, además, conforme a los incisos 1, 2, 4 y 8 del artículo 36. La inhabilitación en este caso es de uno a cinco años.
En el caso de los artículos
382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399,
400 y 401 la pena de inhabilitación principal será de cinco a veinte años. En estos casos, será perpetua cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:
1. El agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o por encargo de ella.
2. La conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo.
3. El agente se aproveche de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria, o la comisión del delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional.
Comentario
El artículo 426 establece penas accesorias de inhabilitación para los delitos de denegación y retardo de justicia que carecen de esta sanción en sus disposiciones típicas. Dispone inhabilitación de uno a cinco años para los delitos de los capítulos II y III, e inhabilitación de cinco a veinte años —o perpetua bajo circunstancias agravantes— para un catálogo específico de delitos que afectan derechos fundamentales, patrimonio o seguridad estatal.
Temas: inhabilitación accesoria, denegación y retardo de justicia, penas principales y accesorias, incapacidad para función pública, organización criminal, bienes jurídicos de rango constitucional