Artículo 312

El funcionario público que autoriza un proyecto de urbanización para otra actividad no conforme con los planes o usos previstos por los dispositivos legales o el profesional que informa favorablemente, a sabiendas de su ilegalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años e inhabilitación de uno a dos años conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4.

Alteración del ambiente o paisaje

Comentario

El artículo 312 del Código Penal tipifica como delito la conducta del funcionario público que autoriza proyectos de urbanización o actividades en contravención de planes o usos legalmente establecidos, así como la del profesional que informa favorablemente a sabiendas de su ilegalidad. La sanción comprende pena privativa de libertad y inhabilitación.

Temas: delitos ambientales, responsabilidad de funcionario público, urbanismo y ordenamiento territorial, dolo específico, inhabilitación administrativa, informe técnico ilegal