Código Penal

Artículo 280-A. Suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y centros juveniles

280-A.1

El que, con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para tercero, organice, financie, instale, opere, mantenga, preste o comercialice servicios de telecomunicaciones que empleen medios alámbricos y/o inalámbricos, y/o, infraestructura necesaria para la prestación de dichos servicios, a sabiendas de que están dirigidos a permitir o facilitar comunicaciones ilegales de personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios o adolescentes internados en centros juveniles, es sancionado con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años.

280-A.2

Es reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de diez años, e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2, 4 y 12 del artículo 36 del Código Penal, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:

a) El agente actúa en condición de servidor o funcionario público bajo cualquier modalidad laboral o contractual.

b) El agente abusa de conocimientos técnicos especializados o de una relación laboral, contractual o funcional con empresas operadoras o contratistas vinculadas al sector de telecomunicaciones.

c) Si el agente actúa en calidad de integrante de una banda criminal o de una organización criminal”.

Atentado contra la seguridad común

Comentario

El artículo 280-A tipifica el delito de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y centros juveniles. Sanciona penalmente a quien organice, financie, instale u opere tales servicios con el propósito de facilitar comunicaciones ilegales de personas privadas de libertad. La norma prevé una agravación de la pena cuando el agente actúa como servidor público, abusa de conocimientos técnicos especializados o integra una organización criminal.

Temas: servicios de telecomunicaciones ilícitos, establecimientos penitenciarios y centros juveniles, comunicaciones ilegales de personas privadas de libertad, seguridad pública, agravantes de condición pública y vinculación técnica