Artículo 195. Formas agravadas
La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de seis años y de sesenta a ciento cincuenta días-multa:
1. Si se trata de vehículos automotores, sus autopartes o accesorios.
2. Si se trata de equipos de informática, equipos de telecomunicación, sus componentes y periféricos.
3. Si la conducta recae sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de transporte de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad o telecomunicaciones.
4. Si se trata de bienes de propiedad del Estado destinado al uso público, fines asistenciales o a programas de apoyo social.
5. Si se realiza en el comercio de bienes muebles al público.
6. Si se trata de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados.
7. Si la conducta recae sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones públicas o privadas para la exploración, explotación, procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización o abastecimiento de gas, de hidrocarburos o de sus productos derivados, conforme a la legislación de la materia.
La pena será privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años si se trata de bienes provenientes de la comisión de los delitos de robo agravado, secuestro, extorsión, trata de personas y trabajo forzoso.
Comentario
El artículo 195 del Código Penal establece supuestos de agravación de la receptación, elevando la pena privativa de libertad y la multa cuando el bien receptado posee características especiales (vehículos, equipos de informática, bienes públicos, infraestructura de servicios) o proviene de delitos graves como robo agravado, secuestro o trata de personas. La norma busca proteger con mayor rigor ciertos sectores estratégicos y desincentivar la circulación de productos delictivos de mayor gravedad.
Temas: receptación calificada, bienes de infraestructura pública, protección de servicios esenciales, delitos fuente graves, proporcionalidad penal, bien jurídico colectivo